Terminadas las vacaciones, empezamos septiembre con los mismos problemas que teniamos en julio, aumentados por la incompetencia y la desidia de un gobierno totalmente desaparecido que un dia votaron 11 millones de españoles que contemplan como sus esfuerzos son unicamente para conseguir alargar su agonia en el poder. Hemos visto a Zapatero sacrificando sus vacaciones no para pensar en como va a aliviar la brutal tasa de parados o el enorme despilfarro de su gobierno, sino maquinando la conquista de Madrid para las proximas elecciones o lo que les va regalar al PNV para salvarse en el debate de los presupuestos generales que el sabe que si no los gana, sera su final.

Cuatro millones y medio de parados y un agujero presupuestario que no se quiere acortar por la via de los gastos, nos devuelven a la cruda realidad. Para Zapatero este no es el problema, sino poder conseguir aprobar unos presupuestos irreales para 2011 que nos llevarán a  prolongar la agonia del inquilino de la Moncloa, cada vez mas irracional y enloquecido. Aunque sea negociando bajo manga con ETA o para cargarse lo poco bueno que se ha realizado en los últimos tiempos en este pais como el pacto PSOE-PP para la normalización del Pais Vasco. consiguiendo asi el momentáneo desplazamiento de mas de treinta años de nacionalismo radical y excluyente. 

Entre ellas, las siguientes cesiones: la transferencia de Inspección de Trabajo, la Formación Profesional ocupacional y continua, el Instituto Social de la Marina, la gestión económica del régimen de la Seguridad Social, las políticas activas y pasivas de empleo, el Fondo de Garantía Salarial o las competencias de Crédito, Banca y Seguros.

El propio presidente de la formación, Íñigo Urkullu, recordaba recientemente al Gobierno que tales demandas, amparadas bajo el cumplimiento del Estatuto de Gernika, constituyen la base sobre la que negociar la aprobación de los PGE para 2011. Entre las exigencias presentadas destacan, sobre todo, dos: la transferencia de la "gestión económica del régimen de la Seguridad Social" y de las "políticas activas y pasivas de empleo".

Pero, ¿en qué se traduciría dicha cesión? Básicamente, en la ruptura de la caja única de la Seguridad Social o, al menos, en el inicio del proceso de la misma. Son varios los estatutos de autonomía que recogen la posibilidad de gestionar el régimen económico de la Seguridad Social, es decir, el dinero procedente de las cotizaciones sociales que pagan todos los trabajadores para obtener derecho al cobro de prestaciones públicas tales como pensiones o paro.

Rodriguez Zapatero estaria dispuesto a volver a abrir la puerta de las instituciones a ETA y entregarles al PNV lo que pidan, sea,dinero, "autogobierno" o la desmembración de la caja única de la Seguridad Social, todo ello junto a la cabeza de Patxi López. Para ello ha puesto sobre temas que deberian ser estrictamente económicos a Rubalcaba, el único que merece su confianza, ya que no se fia de su vicepresidenta económica ni del Lendakari, al negociar directamente con Urkullu las bases de esta nueva estafa al pais.

Catalanizando la universiad

Xavier Carrió  http://veintidos3.spaces.live.com/  

El consejero de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya,, Josep Huguet, que lleva dos años batallando con las universidades para aprobar esta exigencia, pretende imponer a  aquellos que deseen acceder a la universidad como profesores que acrediten, mediante exámenes oficiales,  el «nivel C» de catalán. No es la primera vez que el Govern pone encima de la mesa de las universidades esta obligación. En junio de 2008, la entonces comisionada de Universidades, Blanca Palmada, intentó llevar a  buen puerto la imposición lingüística.

Pero las universidades se opusieron con firmeza, entendiendo que obligar a los docentes a dominar el catalán va en detrimento de la calidad educativa y limita las expectativas de los centros catalanes de posicionarse a nivel mundial, entre otros motivos. Se limita a partir de ahora la posibilidad de que personalidades prominentes en cualquier materia, tenga la posibilidad de impartir sus conocimientos por falta de dominio del catalán, por lo que se augura una emigración de cerebros hacia otras comunidades que no les pongan tantas cortapisas.

En su deriva nacionalista ahora quieren dar una nueva vuelta de tuerca, la Generalitat está obsesionada por destruir cualquier signo de diferenciación y someter la libertad de los habitantes de Catalunya a sus criterios únicos y con la que esta cayendo, tanto en paro como crisis económica se dedica asimismo a presionar a los comerciantes para que hablen en catalán, bajo la amenaza de ser multados en vez de ayudarlos a salir de la crisis.

¿No habrá nadie en Catalunya que les diga a estos señores que con su política están arruinando una región que hasta hace pocos años fue rica y floreciente? 

Bajando al moro

Los derechos de las lenguas...

 Xavier Carrió  http://veintidos3.spaces.live.com/ 

Las lenguas no tienen derechos, ni los territorios, ni los partidos.....Los únicos que tienen derechos y siempre de manera individual, son las personas siempre que no tropiecen con los derechos de otras personas y no por hablar determinada lengua, vivir en determinado lugar o votar a determinado grupo politico. Todo ello a cambio pagar sus impuestos y cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos. A los políticos simplemente se les pide que administren los impuestos, tomen decisiones para mejorar el futuro y prevean las soluciones para los problemas y cumplan sus programas para lo que obtienen el mandato de los ciudadanos cada cierto tiempo.

No existe el derecho a "vivir en catalán", como tampoco el de "vivir en castellano". La lengua que empleamos en nuestras relaciones con los demás es o debería ser una elección individual: pretender que se garantice el "derecho" de que a lo largo del día utilicemos sólo una supone imponer una obligación a los demás de emplear un idioma concreto. El mal llamado derecho a vivir en catalán no es más que una forma más agradable de presentar en sociedad el proyecto totalitario de prohibir hablar en castellano.

Ese falso derecho está imponiéndose poco a poco. La manifestación más antigua son las desgraciadamente famosas multas impuestas por quienes en su propiedad deciden atender a sus clientes sólo en castellano: si eso les hace perder clientes catalanoparlantes, es cosa suya; ningún Gobierno tiene derecho a imponerles cómo llevar su negocio. Como si desean hacerlo sólo en chino. Recientemente, el Parlamento catalán ha decidido obligar a las productoras a doblar sus productos al catalán; una normativa que tiene como antecedente directo la orden ministerial de la España franquista que obligaba al doblaje en castellano de todas las películas.

Esto viene a cuento que un país como Estados Unidos incluya en su informe sobre España algunas de las denuncias contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles. Aunque se limite a un par de casos de los muchos que podrían denunciarse en nuestro país, no cabe duda de que sus redactores no tienen un interés político propio en el asunto. Tampoco es el primer año que se incluyen estos casos, lo que provocó que asociaciones nacionalistas protestaran y exigieran que el Departamento de Estado de EEUU denunciara también la imposibilidad de vivir en Cataluña sólo en catalán. Petición que, como es lógico, no ha atendido.

Otro tema a tener en cuenta es la gran cantidad de dinero gastado en politicas linguisticas para imponer las lenguas regionales no solo en su territorio si no en otras naciones del mundo, donde se apoya con grandes cantidades dinero de los contribuyentes al fomento a las lenguas vernáculas de Guatemala, Bolivia, Peru o Ecuador. La impresión es que desde la Generalitat se ha emprendido una guerra para erradicar lengua española en todo el mundo. Esto en momentos de crisis con millones de parados a los que hay que atender.

La casta política y mediática en algunas regiones de España ha establecido como un tabú intocable y hecho casi normal la dictadura lingüística que ejercen sus gobiernos autonómicos. Cualquier argumento en contra de la imposición se toma una muestra evidente de nacionalismo español, cuando no de fascismo,  cuando  ellos con los únicos fascistas, que aplican sistemáticamente estas premisas contra sus ciudadanos de Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia o Baleares a los que con este sistema pretenden convertirlos en meros súbditos.

Los idiomas no tienen derechos: los tienen las personas. Y sólo podemos llamar derecho a aquello que no atropella la libertad de los demás. No existe, por tanto, el derecho a vivir en una lengua determinada, pero sí a que la Administración pública no discrimine por razón de idioma. En España los derechos de millones de ciudadanos son conculcados sistemáticamente, y denunciarlo supone enfrentarse a una etiqueta de anticatalán o antigallego a quien se atreva a cometer la felonía de defender la libertad. A ver si alguien se entera de una vez.